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Argentina | 13.09.2020  

Una justicia al servicio de la patria, y no viceversa

La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) apoya el proyecto de ley de la reforma judicial, entendiendo que esta, es una necesaria respuesta a las demandas de la sociedad toda, y no de un solo sector político.

“Entendemos que esta es una discusión válida para dotar a la justicia nacional de las herramientas que favorezcan un mercado donde las PYMEs podamos competir merced a una puja de precios transparente y condiciones de competencia”, señala ENAC.

 |  Fuente: www.calidadtdf.com.ar

Reconocemos que se trata de una transformación postergada desde la Reforma Constitucional de 1994, lo cual ha generado graves falencias e inequidades que se repiten desde hace décadas en el poder judicial, tal como lo conocemos actualmente.

Necesitamos reformular un sistema vetusto, de privilegios y arbitrariedades, que no tienen más espacio en una sociedad moderna e igualitaria. A la hora de concebir un proyecto nacional con inclusión, movilidad y justicia social estos cambios superadores son necesarios.

En la defensa de estos valores, y desde el convencimiento de que es urgente y necesaria una democratización de la justicia para consolidar una institución amplia y transparente, entendemos que debe sanearse dicha estructura para que puedan acceder aquellos nuevos miembros por su trayectoria y capacidad profesional, y no por su pertenencia a un núcleo de poder enquistado de la aristocracia más rancia de nuestro país.

También lo consideramos en beneficio de las víctimas y de los acusados, para que los procesos judiciales puedan realizarse con la celeridad necesaria, y lejos de toda arbitrariedad.  Este sistema que ha quedado probadamente obsoleto, y carente de credibilidad por parte de la sociedad en su conjunto.

A su vez, como organización PYME, nos sentimos víctimas de un sistema judicial que no le ha dado certero remedio a los problemas que nuestras empresas enfrentan en el mercado.

Es por eso que buscamos una justicia federal competente y activa, para defender y salvaguardar el derecho de defensa de la competencia. Una justicia federal civil y comercial que termine con la concentración económica de los oligopolios que:

1) Fijan precios de referencia que no tienen relación con los costos de producción.

2) Segmentan el mercado nacional con acuerdos espurios de “no competir” y así el mercado nacional queda parcelado en un mosaico de cotos de caza de los rentistas del oligopolio.

3) Concretan acuerdos verticales de NO competir, prohibiendo así la oferta de proveedores.

4) Boicotean concertadamente licitaciones públicas para que el Estado deba bajar los precios y flexibilizar los pliegos de condiciones.

5) Acuerdan precios mínimos de referencia cuyo único propósito es la restricción de la oferta, lo que impide a las PYMEs adquirir más insumos para poder competir mejor.

Los empresarios pymes ARGENTINOS debemos llevar a cabo nuestra actividad ante INSOPORTABLES MONOPOLIOS y OLIGOPOLIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES y FINANCIEROS que exprimen nuestros ingresos, como el de nuestros trabajadores, de manera injusta, desleal, ilegítima, vil y usurera, aún en épocas de pandemia, mientras el Poder Judicial mira para otro lado.

Entendemos que esta es una discusión válida para dotar a la justicia nacional de las herramientas que favorezcan un mercado donde las PYMEs -las empresas responsables de las mayor empleabilidad laboral en Argentina- podamos competir merced a una puja de precios transparente y condiciones de competencia.

Invitamos a la oposición a dar un debate serio y enriquecedor, carente de mezquindades y chicanas, y que no obedezca a los intereses de un reducido grupo de interés, y que esté a la altura de lo que sus propios votantes esperan de ustedes, en un tema de tan vital importancia para la democracia y para toda la sociedad.

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO ARGENTINO

La Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC) nuclea a 300 empresarios de 17 provincias argentinas. Su posición política es la de una irrestricta defensa del mercado interno y del poder adquisitivo, de la industria nacional, de la productividad a partir de nuestras capacidades científicas y tecnológica. Es decir que promueve un modelo de desarrollo productivo nacional con inclusión social.

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