La nota elevada al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego con la firma de más de 100 Abogados de la provincia señala:

“Los abajo firmantes, abogadas y abogados en ejercicio de la matrícula y de la profesión, ante la insostenible situación de alarmante precariedad de la administración de justicia que se vive en la provincia, con el único fin de reinstaurar el servicio de administración de justicia en plenitud y conforme la obligación constitucional que tienen Ustedes de garantizar (y proteger) el Estado de Derecho, nos vemos en la necesidad de exigirles:

1.- La inmediata rehabilitación del servicio de justicia sin asignación de turnos ni la adopción de otras medidas que restrinjan la actividad y el ejercicio de la abogacía a excepción del irrestricto cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de los profesionales, agentes judiciales, funcionarios y magistrados.
2.- La suspensión de la feria invernal ordinaria de manera que se permita la recuperación pronta de plazos y actos procesales que han caído dentro de la feria extraordinaria.
3.- La inmediata adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema digital de gestión de expedientes auditable tanto sistémica como informáticamente, tal y como los que ya se encuentran funcionando en diversas jurisdicciones del país entre las que mencionamos la provincia de Mendoza y el sistema Lex 100 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más de cinco (5) años de prueba y error entendemos que han sido más que suficientes. Resulta evidente que hoy no contamos con esta imprescindible herramienta.

Hace más de sesenta (60) días que la ciudadanía -sin causa razonable que legitime esta inaceptable situación- se encuentra impedida de acceder, a través de la abogacía, a un servicio de justicia integral y eficiente a pesar de los reclamos que los Colegios de Abogados de las distintas jurisdicciones, han realizado al respecto.

Más allá de sucesivas prórrogas de feria extraordinaria no hemos visto que la administración de justicia haya adoptado medida cierta alguna tendiente al pronto restablecimiento del servicio.

Así, no seremos las abogadas y abogados quienes dejemos de asumir el juramento que prestamos al matricularnos porque es nuestra función como auxiliares de justicia honrar  el compromiso asumido frente a la ciudadanía toda. 

Legítimamente, frente a la realidad de los hechos, nos preguntamos si la respuesta dada a la ciudadanía por el Poder Judicial sería la misma si no se pagaran sus remuneraciones de la misma manera que no percibimos honorarios las abogadas y abogados. No nos cabe duda de que con toda seguridad, el servicio de justicia ya habría sido reanudado. 

Es hora de devolver a la ciudadanía el servicio de justicia que se encuentra interrumpido, pero aumentado en calidad. Y es vuestra obligación.

Honre el Superior Tribunal de Justicia la alta misión republicana y constitucional que le ha sido encomendada”.