La elección de las máximas autoridades judiciales de cualquier jurisdicción del país debe estar caracterizada por el más alto apego a los estándares de independencia, idoneidad e igualdad de oportunidades que consagra la  Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados en ella. Si bien, en muchas jurisdicciones los procesos de selección de integrantes de sus tribunales superiores suelen prever la incorporación de criterios políticos por parte de los poderes sometidos a la elección popular, Tierra del Fuego estableció para este tipo de cargos la realización de concursos a instancias del Consejo de la Magistratura -como ocurre en el caso de jueces y juezas inferiores-. Esto implica que deben asegurarse mecanismos de evaluación objetivos sobre los antecedentes y conocimientos de las y los postulantes, los cuales tienen que  ser analizados por jurados técnicos independientes. A su vez, resulta fundamental en este tipo de procesos dar lugar a la participación de la ciudadanía de forma activa, así como asegurar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de género.

Sin embargo, el proceso en curso en Tierra del Fuego fue expuesto a numerosas críticas y advertencias de diversos sectores de la provincia, por cuanto no estarían asegurados de forma adecuada estos requisitos. En particular, se cuestiona que no se  expusieron públicamente criterios de evaluación objetiva de antecedentes y conocimientos, no se brindaron garantías de igualdad de género en la nueva conformación del Tribunal, ni se dispusieron instancias de participación de la ciudadanía respecto de los perfiles de las y los postulantes. A su vez, preocupa especialmente que se hayan acelerado injustificadamente las etapas y plazos del proceso, lo cual dio lugar incluso a la renuncia de una de las postulantes.

El Consejo de la Magistratura provincial, compuesto por siete titulares y dos asesores -todos ellos varones-, habría realizado en tiempo récord un proceso de evaluación oral y escrito carente de un jurado técnico independiente, sin que se diera publicidad sobre los criterios de puntuación ni generado instancias públicas para que la ciudadanía pudiera participar de la revisión de los perfiles de las y los concursantes, limitando la posibilidad de presentar impugnaciones que sean tratadas adecuadamente.

Paralelamente, la ampliación a cinco integrantes dispuesta por la Legislatura no vino acompañada de garantías respecto de la incorporación de criterios de género en la selección de los nuevos cargos. Esta situación debe ser analizada a la luz de un panorama provincial  preocupante: Tierra del Fuego cuenta con el Poder Judicial con menor cantidad de juezas de todo el país (solo un 18% son mujeres, según un relevamiento de la Corte Suprema de la Nación).

La provincia debe llevar a cabo un proceso que asegure requisitos fundamentales del Estado de derecho, como son la independencia judicial y la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos. Este tipo de trámites, en tanto no exhiban de forma plena previsiones de objetividad, participación popular y perspectiva de género, limitan la posibilidad de elegir máximas autoridades judiciales idóneas, autónomas, comprometidas con los derechos humanos y que sean el reflejo de la diversidad que habita al seno de la sociedad sobre la que deben decidir causas en muchos casos de sumo interés público.

En función de ello, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) requerimos al Consejo de la Magistratura provincial que asegure que el proceso de selección en cuestión se desarrolle garantizando los requisitos mínimos necesarios para despertar la suficiente confianza en la ciudadanía respecto de la idoneidad e independencia de las personas que resulten seleccionadas, lo cual es condición necesaria para la legitimidad de las decisiones del órgano judicial que integrarán.

Prensa Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ).