La cúpula de la organización fue denunciada en agosto del año pasado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por el presunto manejo irregular de fondos destinados al fortalecimiento y capacitación de sus entidades asociadas, que agrupan a más de 600 mil pymes. Dicha presentación judicial motivó a que se disponga un apercibimiento judicial dictado sobre Díaz Beltrán y la suspensión de las elecciones en la entidad, (que estaban previstas para octubre pasado), por no haber permitido la oficialización de otras listas.

El expediente N° 3.113.141 se tramita en la IGJ contra CAME tras una denuncia presentada por el Presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Humberto Salas, por la supuesta "administración, distribución irregular y desvío de fondos" del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por la suma de 353 millones de pesos. De acuerdo con Salas, la asignación de esos fondos a Federaciones y Cámaras asociadas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se habría realizado "en forma absolutamente irregular”.

Ahora, la Cámara Civil J del Poder Judicial de la Nación se expidió en contra de la apelación de la CAME, en tanto consideró que la Inspección de Justicia, como órgano de control, cuenta con la posibilidad de declarar irregulares e ineficaces, a los efectos administrativos, los actos sometidos a su fiscalización cuando sean contrarios a la ley, al estatuto, o a los reglamentos”.

De este modo, el fallo firmado por las Juezas de Cámara Beatriz Alicia Verón, y Gabriela Mariel Scolarici, desestimó el recurso de apelación interpuesto el 22 de octubre de 2020 por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y pone en jaque nuevamente a la conducción de la entidad, fuertemente ligada al gobierno de Cambiemos y principalmente a la figura de Mauricio Macri.

Cabe destacar que hace unas semanas atrás, el Presidente Díaz Beltrán, había convocado de manera urgente a todo el Consejo Directivo de la organización para un encuentro virtual con la intención de aprobar la expulsión de Diego Navarro, Vicepresidente de entidad, por haber apoyado las denuncias que buscaban sumar transparencia a la gestión. Ese conclave, finalmente no logró su objetivo y complicó más la imagen del mandamás.

Ahora, esta nueva resolución judicial suma más tensión e incertidumbre a la crisis política de CAME, y haría precipitar la renuncia de Díaz Beltrán, quien comanda una gestión plagada de asuntos poco claros y se ve acorralado por un nuevo revés en su contra.