El Fiscal Andrés Godoy, a cargo de la Unidad creada para investigar los delitos sanitarios, ordenó la imputación y detención de cinco personas relacionadas a la causa del brote de la variante Delta en Córdoba.

Dos de ellos son ciudadanos de nacionalidad peruana, a quienes se los acusa por el artículo el artículo 205 del Código Penal, que es incumplir con las medidas sanitarias para impedir la propagación de una epidemia.

En estos dos casos se constató que uno de ellos violó las normas de restricción impuestas por haber arribado al país desde el exterior (caso cero de la variante), y, el otro, por ser contacto directo de éste y tampoco respetar las restricciones.

En tanto que las otras tres personas, con domicilio en Córdoba, les aplicó el artículo 202, que reprime al que propaga la enfermedad. Según la investigación judicial, estos imputados son comerciantes que, aun sabiendo que tenían el virus de la variante Delta, abrieron sus negocios.

Andrés Godoy, además, ordenó que queden alojados en un hotel dispuesto por el área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba. No se descartan más imputados en las próximas horas.

Un hombre de 62 años, de nacionalidad peruana, fue el portador del virus que, el 19 de julio arribó al Aeroparque Jorge Newbery proveniente de Lima (Perú) con test negativo.

Dos días después se realizó el control, seguimiento telefónico y se programó el testeo correspondiente al séptimo día, y el 26 de julio, en Córdoba, se realizó el test para el alta y el resultado fue positivo, informó el Gobierno provincial.

Los datos oficiales detallan que el brote del virus, hasta el momento, se dio en un núcleo intrafamiliar y que los más de 250 aislados son personas mayores y menores de contactos estrechos con el viajero que, según se informó, se encuentra en buen estado de salud al igual que los restantes 16 positivos, y que en ninguno de los casos requieren, por ahora, hospitalización.

El Gobierno de la provincia promovió una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias (UFES) en contra del hombre peruano.

El denunciado deberá responder como presunto autor responsable de violar artículos 202 y 205 del Código Penal por propagar la enfermedad, delitos que establecen penas de entre 3 y 15 años de prisión, en tanto se analiza si la causa corresponde a jurisdicción del fuero federal.