El Gobierno nacional formalizó la creación del Consejo Federal Portuario, un órgano cuya misión será "promover la elaboración de políticas públicas y planes para el desarrollo en materia portuaria y en forma integrada con la política de transporte a nivel nacional".

El Consejo, que será "de carácter consultivo", estará presidido por el Estado a través de la Autoridad Portuaria Nacional e integrado por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con competencia en materia portuaria; un representante del Consejo Portuario Argentino y un representante de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales.

Así lo dispone la resolución 99/2016 del Ministerio de Transporte, publicada en el Boletín Oficial con la firma de su titular Guillermo Dietrich.

En los fundamentos de la medida se sostiene que "en el marco de la reestructuración del sector portuario, surge la necesidad de implementar mecanismos idóneos a los efectos de la concertación de los intereses de las distintas regiones en que se encuentran emplazados los puertos transferidos a las jurisdicciones provinciales".

Para tal fin, "se considera oportuno y necesario propiciar la creación de un Consejo Federal Portuario, de carácter consultivo, por medio del cual resulte factible potenciar el asesoramiento, la investigación y la coordinación en función de la formulación de políticas públicas tendientes a la armonización de intereses y desarrollo coordinado y sustentable del sector portuario en todo el país".

Entre las funciones que tendrá el nuevo órgano, detalladas en el anexo de la disposición, se destacan "fomentar el desarrollo de políticas de planeamiento estratégico, que contribuyan a la modernización, integración y competitividad de los puertos y del transporte marítimo y fluvial", y "participar activamente en la toma de medidas tendientes a lograr mayor transparencia en el campo de la competencia y mayor eficiencia en los costos".

En el texto se remarca que la medida "no implicará compromiso presupuestario alguno para el Estado Nacional, ni para las jurisdicciones provinciales intervinientes, además no implicará aporte de recursos financieros por parte de entidades representantes del sector privado".