Tras la advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA, el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, recibió un llamado de atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que, a través de una nota enviada también a la Cancillería Argentina, expresó su preocupación por la represión a manifestantes en Jujuy y por algunos puntos de la reforma constitucional aprobada por la provincia.

En la misiva, el responsable le solicita una reunión “con el fin de abordar el impacto que la implementación de la reforma constitucional provincial adoptada puede tener en el ejercicio de los derechos humanos. La Oficina estima que el diálogo institucional con su despacho podría resultar beneficioso para el correcto seguimiento de la situación actual y, en general, para abordar cuestiones sobre el derecho a la reunión y los derechos de los pueblos indígenas”, sostiene.

La nota la firma el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, quien señaló que recibió informes sobre al menos 20 personas heridas durante las manifestaciones y solicitó un diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis de Jujuy.

De este modo, en menos de 48 horas, Morales quedó bajo la mirada de dos organismos internacionales cuya misión es custodiar la protección y plena realización, para todas las personas, de los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que adhirió la República Argentina.

Este hecho fue rápidamente destacado por el Canciller Santiago Cafiero y por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales. “¿Leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?”, advirtió la ex Presidenta.

“El objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la Oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado”, comienza la nota y agrega, “primeramente, quisiera hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia”.

“Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. La Oficina también recibió información sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas, así como de obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos” enumeró.

La crítica de la ONU a la Constitución de Jujuy

Jarab advierte que la Oficina recibió información indicando que, hoy (por el martes), en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, “se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura”. Acto seguido le aclara a Morales que, “los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han destacado que la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia”.

Y de inmediato cuestiona ese punto clave de la reforma constitucional jujeña aprobada a las apuradas y sin debate previo esta semana, “esto resulta relevante en el contexto de la reforma constitucional provincial que hace referencia a la prohibición de cortes de calles y de rutas y a toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”. Esta disposición no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

“Me gustaría resaltar que el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido sistemáticamente que el derecho a la reunión, junto con otros derechos conexos, constituyen el fundamento mismo de todo sistema de gobierno participativo basado en la democracia y el estado de derecho. El derecho de reunión pacífica es, además, un valioso instrumento que se puede utilizar y se ha utilizado históricamente para reconocer y concretizar muchos otros derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, siendo especialmente importante para las personas y los grupos más discriminados en la sociedad”, agrega.

A continuación, enumera los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos referidos a esta temática, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y las distintas relatorías que se pronunciaron sobre el uso legítimo del espacio público para reuniones pacíficas aun cuando “puedan causar perturbaciones por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones o la actividad económica”. “Estas consecuencias, intencionadas o no, no ponen en entredicho la protección de la que gozan esas reuniones”, advierte.