En el marco de un conversatorio titulado “La defensa del mar”, realizado en el Centro Cultural Actuar, especialistas, organizaciones y vecinos debatieron acerca del impacto de la salmonicultura en aguas fueguinas. El encuentro se llevó a cabo en un momento clave: la Legislatura de Tierra del Fuego analiza cambios en la Ley provincial Nº 1355, que en 2021 había sido aprobada por unanimidad para prohibir esta actividad.

Uno de los expositores fue Adrián Schiavini, Doctor en Ciencias Biológicas e Investigador del CADIC-CONICET, quien cuestionó duramente los argumentos que se esgrimen para habilitar el negocio.

Promesas millonarias y falsas expectativas

La propuesta que circula en la Legislatura se promociona con la idea de generar “miles de millones de dólares y miles de empleos”. Sin embargo, Schiavini advirtió, “hablar de miles de millones de dólares de ingreso para Tierra del Fuego es, en este contexto, un engaño”.

El Investigador planteó que detrás de esas cifras existen campañas de comunicación que manipulan datos y crean expectativas poco realistas. “En esta época de redes sociales, las noticias falsas se utilizan para confundir y generar falsas expectativas”, señaló, en referencia a informes internacionales citados erróneamente para respaldar el desarrollo de salmoneras en la provincia.

Chile no es Tierra del Fuego

Uno de los argumentos más repetidos en defensa de la industria es que Chile exporta más de 6.000 millones de dólares en salmón al año. Pero Schiavini fue categórico, “eso es una fantasía”, y explicó que el litoral chileno cuenta con 20.000 kilómetros de fiordos, bahías y caletas protegidas, condiciones óptimas para el cultivo. En cambio, Tierra del Fuego apenas suma unos 400 kilómetros de costa con posibilidades reales. “Algunos políticos parece que se ratearon de la clase de matemática: es una simple regla de tres. Pretender que con nuestras aguas se va a replicar la escala chilena es mentirle a la gente”, ironizó.

A esto se suma que gran parte de las costas fueguinas son áreas protegidas, como Península Mitre e Isla de los Estados, donde la introducción de especies exóticas está prohibida. Schiavini recordó que en el pasado experiencias similares -como el castor, el visón y el zorro gris- fueron presentadas como proyectos de desarrollo, pero terminaron con graves consecuencias ecológicas y enormes costos de reparación ambiental.

Un negocio inviable en mar abierto

Incluso en la hipótesis de instalar salmoneras en aguas profundas, el panorama no es favorable. Para encontrar la profundidad adecuada sería necesario ubicarlas a unos 50 kilómetros mar adentro, con una logística y costos comparables a la industria petrolera: embarcaciones de apoyo permanentes, control técnico constante y personal altamente especializado. El resultado sería un producto carísimo e incapaz de competir con el salmón chileno.

Además, advirtió sobre los riesgos ambientales: acumulación de desechos orgánicos, uso intensivo de antibióticos, depredadores marinos atraídos por los peces y la amenaza de fugas de especies exóticas que podrían desplazar fauna local. “La basura y la contaminación terminarían allí, en una de las áreas más valiosas y frágiles de la provincia”, alertó en referencia a Península Mitre.

El riesgo de la sobrecapitalización

Schiavini también puso la lupa sobre un aspecto político y económico. Señaló que existe la posibilidad de que se autoricen proyectos limitados en un inicio y que, más adelante, bajo la presión de inversiones y empleos generados, se busque habilitar la actividad en lagos y ríos interiores.

Ese fenómeno, conocido como “sobre-capitalización”, ya ocurrió en la industria pesquera de merluza en los años 90, con consecuencias negativas. Según el Investigador, esa estrategia podría repetirse en Tierra del Fuego bajo el argumento de que, al no prosperar en el mar, los proyectos necesitarían trasladarse a aguas interiores para sostener la inversión.

La discusión legislativa

Actualmente, la Legislatura analiza tres proyectos distintos: dos impulsados por La Libertad Avanza, que ya fueron descartados, y otro presentado por el Ejecutivo, que logró dictamen favorable.

Schiavini vinculó este debate con el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), creado en 2021. Ese esquema permite que empresas que aportan al Fondo reinviertan en rubros diferentes a su actividad original. Para el Biólogo, este mecanismo podría abrir la puerta a que capitales ya instalados en la isla busquen expandirse hacia la salmonicultura, una actividad que considera ambientalmente riesgosa y económicamente insostenible en este territorio.