Según relató Correa, Pauli exigía a sus asesores que transfirieran el 100% del plus por “desarraigo”, un adicional que se abona a quienes deben trasladarse a Ushuaia por tareas legislativas, a cuentas designadas por el partido La Libertad Avanza. El dinero, en lugar de destinarse a quienes lo percibían por su función, era requerido para afrontar gastos del espacio político, como alquileres y logística partidaria.

“El acuerdo inicial nunca fue ese. Después empezaron a pedirme que todo el desarraigo debía enviarse a una cuenta vinculada al partido. Yo mandaba los comprobantes, pero eso no fue lo pactado de entrada”, sostuvo Correa durante la entrevista, al tiempo que aseguró que los audios filtrados corresponden a conversaciones mantenidas en junio de este año.

Correa precisó, además, que el primer pago se lo entregó en mano, en efectivo, directamente a Pauli, ya que en ese momento no tenía disponible el homebanking. Agregó que también abonó retroactivos correspondientes a diciembre de 2024 y enero de 2025, montos que, según indicó, le habían sido liquidados recién en febrero de 2025.

En uno de los registros se escucha a Pauli afirmar: “Voy a dar de baja todos los contratos y vamos a poner gente que nos pase el cien por cien del desarraigo. Así aseguramos pagar los alquileres sin tocar los sueldos”.

La denuncia no solo alcanza a Pauli, sino también a dirigentes cercanos como el Legislador Agustín Coto, la Legisladora Natalia Gracianía, y Luis Miguel Rodríguez, concuñado del Diputado Pauli y actual candidato a Diputado nacional, además de Delegado de Migraciones en Tierra del Fuego.

Correa señaló que todos ellos tenían conocimiento de esta maniobra y que incluso hubo intentos de silenciar la difusión de los audios mediante promesas de continuidad laboral hasta 2027. “Son mentirosos, me defraudaron a mí y a muchos compañeros. Vinieron a prometer un cambio en la política y terminaron haciendo lo mismo que critican”, remarcó.

La situación abre un nuevo frente de polémica dentro de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, en medio de cuestionamientos por el uso de fondos públicos y la designación de familiares en distintos cargos.

Correa advirtió, además, que teme represalias por haber hecho pública la situación, y responsabilizó directamente a Pauli, Rodríguez, Coto y Gracianía en caso de sufrir algún tipo de ataque o amenaza.

La difusión de los audios pone en jaque la transparencia del espacio político que había prometido “terminar con los privilegios de la vieja política” y que ahora queda bajo fuertes sospechas por prácticas de financiamiento interno.