La Justicia ya investiga las denuncias por los créditos del Banco Nación a funcionarios y Legisladores de Milei
La presentación apunta contra maniobras irregulares en el otorgamiento de créditos del Banco Nación. Investigan posibles nexos entre exdirectivos del banco y funcionarios.
Una presentación judicial puso bajo la tormenta al Banco Nación por presuntas irregularidades en la asignación de créditos. La denuncia penal contra ex directivos de la entidad sostiene que habría existido un esquema de otorgamiento de financiamiento en condiciones cuestionables, lo que abre interrogantes sobre posibles hechos de corrupción y el uso de recursos públicos en un contexto económico sensible.
Qué plantea la denuncia contra el Banco Nación
La denuncia presentada por el Abogado Alejandro Díaz Pascual ante la Justicia describe un presunto entramado de decisiones irregulares en la concesión de créditos dentro del Banco Nación que se inscribirían en los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles. Según el documento, las autoridades involucradas, centralizadas en el Daniel Tillard (ex Presidente del Banco Nación) y Juan Curuchet (ex Supervisor del Banco Central), habrían autorizado operaciones financieras sin cumplir con los criterios habituales de evaluación de riesgo, lo que podría haber generado perjuicios económicos para la entidad.
En este sentido, se menciona la posibilidad de que ciertos préstamos hayan sido otorgados bajo condiciones más favorables que las del mercado, sin garantías suficientes o sin la debida capacidad de repago por parte de los beneficiarios. Estas prácticas, de confirmarse, podrían encuadrarse en delitos vinculados a la administración fraudulenta o incumplimiento de deberes de funcionario público.
Créditos bajo sospecha: cómo habría funcionado el mecanismo
El eje central de la denuncia gira en torno al manejo discrecional de los créditos. De acuerdo con la acusación, existiría un patrón en el otorgamiento de financiamiento que no respondería a criterios técnicos sino a decisiones arbitrarias o direccionadas.
Entre los puntos señalados, se destacan:
- La aprobación de préstamos sin análisis crediticio adecuado.
- La falta de controles internos en la validación de operaciones.
- Posibles vínculos entre beneficiarios y funcionarios del banco.
Créditos del Banco Nación: qué figuras del Gobierno están involucradas
Estas irregularidades habrían permitido que determinados actores accedieran a recursos en condiciones ventajosas, lo que plantea dudas sobre la transparencia en la gestión de una de las principales entidades financieras del país. Varios de estos préstamos habrían alcanzado montos equivalentes a hasta 350.000 dólares
Entre figuras de relevancia aparece Felipe Núñez, asesor del Ministro de Economía, Luis Caputo: y Director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien habría recibido un crédito por $373 millones durante febrero de 2025, monto también cercano a los 350.000 dólares al momento de su otorgamiento.
Dentro del mismo grupo de beneficiarios figura también Federico Furiase, actual Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, quien habría obtenido un crédito hipotecario del Banco Nación por $367 millones en agosto de 2025, equivalente aproximadamente a 276.000 dólares estadounidenses al momento en que se concretó la operación. Al momento de solicitar dicho crédito, Furiase se desempeñaba como miembro del directorio del Banco Central y asesor del Ministro de Economía.
Asimismo, la información periodística menciona a Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, quien habría recibido un crédito hipotecario del Banco Nación por $302 millones en octubre de 2025, equivalente a aproximadamente 211.000 dólares. También aparece Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la denominada Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional, quien habría obtenido un crédito hipotecario por $112 millones en diciembre de 2025, equivalente a unos 77.000 dólares.
La denuncia se inscribe en un escenario donde el otorgamiento de créditos por parte de entidades públicas suele estar bajo permanente escrutinio. La combinación de recursos estatales y decisiones financieras estratégicas requiere mecanismos sólidos de control para evitar desvíos o irregularidades.

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