En esta línea, remarcó que, “esto confirma lo que nosotros venimos planteando desde el primer momento, que se trata de una intervención federal completamente ilegítima, sin sustento lógico ni técnico que pueda avalarla”.

Asimismo, el funcionario sostuvo que, “se han ido cayendo uno a uno los argumentos que intentaron utilizar desde la ANPyN para sostener esta medida”, y recordó que uno de los principales señalamientos estaba vinculado a un supuesto desvío de fondos. Sobre esto, afirmó que, “ya se desvaneció, no hubo ningún traslado de recursos desde la Dirección Provincial de Puertos hacia la OSEF, ni nada por el estilo”.

Respecto al estado de la infraestructura portuaria, el Jefe de Gabinete señaló que, “el documento de Prefectura termina de desarmar ese relato”, y agregó, “durante todo el verano el puerto operó con normalidad. No hubo una sola hora en la que no funcionara, a pesar de que decían que no era seguro o que la infraestructura era un desastre”.

Asimismo, cuestionó el accionar posterior a la intervención, “no hicieron absolutamente nada. Si el puerto realmente no estaba en condiciones de operar, no lo estaba ni para la provincia ni para la propia ANPyN. Sin embargo, siguió funcionando con total normalidad”.

Por otro lado, defendió el trabajo realizado por el Gobierno provincial en materia portuaria y manifestó que, “se atendieron los requerimientos, se llevaron adelante acciones concretas, y se ejecutó la inversión más importante en los últimos años, particularmente en la ampliación del muelle”.

“Sabemos que hay cosas por mejorar, pero existe un plan de trabajo, y este informe de Prefectura es justamente resultado de ese proceso de adecuación que venía llevando adelante la Dirección Provincial de Puertos”, agregó.

Además, advirtió sobre la falta de transparencia en la actual administración y aseveró que, “hoy no hay control sobre los recursos. No sabemos a dónde van los fondos que antes administraba la provincia. Entendemos que se concentran en una cuenta general, sin trazabilidad clara”, sumó.

El funcionario también cuestionó la ausencia de acciones concretas por parte de la intervención, “no hay licitaciones públicas para mejorar la seguridad ni la infraestructura, no hay ningún tipo de planificación visible. Lo único que hay es una intervención que se está quedando con los recursos de los fueguinos. Hay claramente una intencionalidad económica detrás de esta medida”.

Finalmente, Canals adelantó que, “el Gobierno provincial avanza en distintas acciones legales”, y contó que, "nuestros equipos jurídicos están trabajando en las estrategias correspondientes, no solo por lo que entendemos fue una medida inconstitucional, sino también por las responsabilidades que surgen de haber avanzado con una intervención sin fundamentos reales”.

Secretaría de Medios. Gobierno de Tierra del Fuego.