La Comunidad Indígena Selk'nam Rafaela Ishton informó oficialmente las resoluciones adoptadas durante la Asamblea Extraordinaria realizada el 13 de junio de 2026 en la ciudad de Río Grande, donde se aprobaron cambios en la estructura institucional y en la representación de la organización.

De acuerdo con la gacetilla difundida por la Comunidad, la Asamblea contó con la participación de 90 integrantes con derecho a voto, entre familias y representantes de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, alcanzando el quórum establecido en el Estatuto Comunitario. Asimismo, las decisiones fueron respaldadas con la firma de más de 150 integrantes, respaldo que la institución considera una ratificación de la legitimidad de las medidas adoptadas.

Entre las resoluciones aprobadas por mayoría se encuentra la expulsión de Antonella Guevara, Eleonora Anderson y Alesis Palma González, quienes integraban la Comisión Directiva como Vicepresidenta, Secretaria y Tesorero, respectivamente. También se resolvió la expulsión de Mara Loza, integrante del Órgano de Contralor.

Como consecuencia de esa decisión, la Comunidad indicó que las cuatro personas cesan de manera inmediata en todos sus derechos de membresía y dejan de estar autorizadas para representar institucionalmente a la organización, gestionar trámites administrativos, suscribir documentación, mantener interlocución con organismos públicos o privados, peticionar en su nombre o efectuar declaraciones públicas invocando la representación de la Comunidad Indígena Selk'nam Rafaela Ishton.

En ese sentido, la institución solicitó a organismos nacionales, provinciales y municipales, así como a instituciones públicas, privadas y medios de comunicación, que no reconozcan como válidas las presentaciones, gestiones o manifestaciones que estas personas pudieran realizar en representación de la Comunidad, al considerar que carecen de validez institucional.

La gacetilla también hace referencia a la situación de Daniela Guevara, quien figura como Delegada ante el Consejo de Participación Indígena (CPI) en el marco de una prórroga. La Comunidad aclaró que esa condición será informada al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y remarcó que dicha designación no la convierte en autoridad comunitaria ni le confiere facultades para adoptar decisiones o representar institucionalmente a la organización.

Asimismo, la Comunidad sostuvo que todas las resoluciones fueron adoptadas en ejercicio de su autonomía y autogobierno, conforme a lo establecido por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, la Ley 23.302, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Estatuto Comunitario.

Finalmente, informó que las decisiones ya fueron notificadas formalmente al Gobierno de Tierra del Fuego, a las Municipalidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, además de los organismos competentes, y aseguró que cuentan con el acompañamiento del Consejo de Ancianos, la Comisión Directiva, y el Órgano de Contralor. La Comunidad concluyó reafirmando su compromiso con la defensa de su organización, sus derechos colectivos, su identidad y el respeto a las decisiones adoptadas por la Asamblea como máxima autoridad institucional.