El marco jurídico de la Ley N° 19.640 tiene como fin histórico reafirmar la soberanía nacional en el territorio austral mediante un régimen fiscal y aduanero especial. Para garantizar la continuidad de las inversiones, en 2021 se extendió la vigencia de los derechos industriales hasta el 31 de diciembre de 2038.

Como parte de esta extensión, se creó el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), financiado mediante aportes mensuales obligatorios de las empresas. Sin embargo, debido a modificaciones en las condiciones tributarias y arancelarias que afectaron la competitividad, a principios de este año se dispuso la reducción a cero de dichos aportes.

La nueva resolución responde a la necesidad de las empresas de adecuar sus proyectos de inversión, que ya habían sido aprobados antes de que el aporte fuera eliminado.

* Los puntos principales de la reforma son:

- Solicitud de adecuación: las empresas beneficiarias podrán pedir cambios en los montos de inversión y plazos de ejecución originalmente comprometidos.

- Plazo: las modificaciones deben solicitarse dentro de los 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución (26 de junio de 2026).

- Límite de ejecución: los proyectos de inversión productiva no podrán exceder un plazo de 48 meses desde su aprobación original.

- Mantenimiento del objetivo: cualquier cambio propuesto debe mantener la finalidad de ampliar la matriz productiva y mejorar la competitividad de la provincia.

La normativa, firmada por el Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, aclara que si una empresa no presenta su adecuación a tiempo, o si esta es rechazada, seguirán vigentes los compromisos asumidos originalmente.

Además, los fondos retenidos para inversión que no se apliquen en los plazos establecidos deberán ser devueltos al fondo FAMP-Fueguina con intereses, calculados bajo la tasa activa del Banco Nación.

Con esta medida, el Gobierno busca equilibrar la flexibilización de las cargas financieras para el sector industrial con la obligación de cumplir con las inversiones productivas que aseguren el desarrollo sostenible de la región.