Andrea Freites sostuvo que, “existen una serie de resoluciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para sacar a remate terrenos considerados ociosos por el Gobierno nacional. Entre ellos aparecen predios ubicados en sectores sensibles de Ushuaia, con cercanía y salida al Canal Beagle, además de una propiedad situada en Río Grande”.

“Tierra del Fuego no es cualquier provincia. Estos terrenos tienen una ubicación geopolítica, soberana y estratégica que excede cualquier análisis inmobiliario”, remarcó la Diputada nacional y cuestionó que la Nación pretenda avanzar rápidamente con las subastas sin establecer previamente una instancia de diálogo con el Gobierno provincial y los Municipios. Según “Las autoridades locales deberían conocer la tasación de los terrenos, el destino que se les pretende dar, quiénes podrían adquirirlos, y qué ocurrirá con los recursos obtenidos por las ventas”, indicó la Diputada nacional y confirmó que trabaja junto a otros Legisladores en la presentación de un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo nacional.

Freites también aseguró que integrantes de las Fuerzas Armadas habrían expresado su desacuerdo con la medida, debido a que existían proyectos previstos para algunos de los sectores  y  recordó que Ushuaia enfrenta desde hace años una seria dificultad vinculada con la disponibilidad de tierras para desarrollar soluciones habitacionales. Algunos de los predios nacionales habían sido contemplados anteriormente para proyectos urbanos y programas de acceso a la vivienda.

“Uno de los principales problemas de Ushuaia es la falta de tierra. Por eso necesitamos saber cuál es la tasación, qué destino quiere darles el Gobierno nacional y qué hará con el dinero que pretende obtener”, afirmó.

Andrea Freites consideró que la venta de estos terrenos debe analizarse dentro de un conjunto más amplio de decisiones impulsadas por el Gobierno nacional. En ese marco, mencionó el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, las modificaciones planteadas sobre la propiedad privada, la Ley de Glaciares y otros proyectos que podrían facilitar la adquisición de tierras y recursos naturales por parte de capitales extranjeros”.

La Parlamentaria nacional sostuvo que, “el Gobierno nacional pretende reducir la presencia del Estado y priorizar los intereses privados, sin considerar las consecuencias que estas políticas pueden generar en las provincias”.

Finalmente, Freites reclamó una acción conjunta entre los Municipios, la Provincia y los representantes fueguinos en el Congreso para defender los terrenos involucrados.