La controversia por la venta de tierras fiscales en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo luego de que la Diputada fueguina de Unión por la Patria, Andrea Freites, rechazara la subasta impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre tres predios ubicados en la provincia. Sostuvo que el Estado nacional carece de facultades para disponer de esos inmuebles porque, según la legislación vigente, corresponden al dominio provincial, y anticipó gestiones legislativas y administrativas para intentar frenar el proceso.

Freites explicó que ya presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados y solicitó una reunión con las autoridades de la AABE para conocer la documentación que sustenta las subastas. La iniciativa surgió, señaló, luego de analizar la situación junto a la Secretaria de Hábitat del Municipio de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, quien también cuestionó el procedimiento adoptado por el Gobierno nacional.

La Parlamentaria nacional sostuvo que el punto central del planteo se encuentra en el artículo 15 de la Ley 23.775 de Provincialización, que dispuso el traspaso al dominio provincial de los bienes nacionales existentes en Tierra del Fuego, salvo aquellos que permanecieran afectados a un uso específico o que hubieran sido reservados mediante una ley del Congreso dentro del plazo previsto por esa norma. "Estos terrenos que hoy están en subasta no están en esas condiciones. Corresponden a la jurisdicción provincial y el Poder Ejecutivo Nacional no tendría potestad para subastar algo que no es suyo", remarcó.

Desde esa interpretación, consideró que resulta improcedente la postura de quienes sostienen que la provincia o los municipios deberían participar de la subasta para recuperar esos inmuebles. A su entender, antes de discutir quién puede comprarlos corresponde determinar si la Nación tiene derecho a venderlos. "Primero hay que ordenar esto. La Provincia y el Municipio no deberían estar en condiciones de comprar ningún terreno. Lo primero es revisar el artículo 15 de la Ley 23.775, los convenios firmados entre Nación y Provincia y verificar si realmente corresponde que esos inmuebles sean nacionales, o no", expresó.

Freites también cuestionó el modo en que la AABE lleva adelante las ventas de inmuebles en distintos puntos del país y rechazó que esa política pueda interpretarse como una expresión de federalismo. "Pareciera que toman un Excel o un mapa y empiezan a ver en qué lugares tienen terrenos fiscales nacionales para salir a subastarlos sin siquiera tener una comunicación previa con los gobiernos municipales y provinciales", sostuvo y agregó, “no veo un gobierno federal; me parece que las pruebas las tuvimos bastante claras".

Andrea Freites confirmó, además, que el pedido de informes no sólo comprende los dos inmuebles ubicados en Ushuaia -entre ellos el de Bahía Golondrina- sino también un tercer predio emplazado en Río Grande, en cercanías de la ruta complementaria C, incorporado recientemente al proceso de subasta.

Para Freites, cualquier decisión sobre esos bienes debe considerar la posición estratégica de Tierra del Fuego y resolverse mediante un trabajo conjunto entre Nación, la provincia y los municipios. "No se trata de vender terrenos en cualquier provincia. Tierra del Fuego tiene una importancia geopolítica y soberana que hay que cuidar. Primero hay que revisar toda la documentación existente y después discutir, entre todas las jurisdicciones, qué corresponde hacer con esos predios", concluyó.