El Gobierno de Argentina, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, impulsa una reforma estructural que busca modificar la Ley 17.565. El anteproyecto de ley, que ya comenzó a circular formalmente en la Cámara de Diputados, persigue introducir la libre competencia, bajar el precio de los remedios, y facilitar el acceso a través de la digitalización.

El plan contempla permitir que los medicamentos de venta libre, segmento que representa cerca del 11% del mercado total, se exhiban y vendan en supermercados, kioscos y tótems comerciales. Asimismo, la propuesta elimina la obligatoriedad de las sociedades comanditarias para permitir que las farmacias adopten figuras como Sociedades Anónimas. Esto abriría la puerta a la entrada de cadenas corporativas y plataformas de comercio electrónico.

La medida se completa con la autorización a droguerías para vender directo al público si se inscriben como farmacias, la compra online con entrega a domicilio, y mayor flexibilidad en la dirección técnica.

En paralelo a la tramitación parlamentaria, el Ministerio de Salud avanza en la implantación de la Receta Electrónica Digital. El sistema fija un plazo de 45 días para la identificación unívoca de profesionales y pacientes, 90 días para la digitalización del archivo de medicamentos, y 120 días para la incorporación obligatoria de psicotrópicos y estupefacientes.

Rechazo de las entidades profesionales

Frente a esta iniciativa, los colegios y confederaciones farmacéuticas del país mantienen una postura de oposición firme. La Confederación Farmacéutica Argentina, liderada por Alejandra Gómez, argumenta que la medida no moderniza el circuito de dispensa, sino que lo desarma, al tiempo que prioriza el interés comercial sobre la salud pública.

Las organizaciones profesionales sostienen su rechazo en cuatro ejes.

En primer lugar, advierten de que el medicamento no es una mercancía común y que su venta en góndolas fomenta la automedicación y elimina el consejo profesional.

En segundo término, señalan que cuando un fármaco pasa a competir fuera del canal farmacéutico, las obras sociales y prepagas suelen retirar la cobertura, por lo que el paciente termina pagando el total del producto.

También alertan sobre la pérdida de trazabilidad en la cadena de frío y el riesgo de adulteraciones.

Por último, el sector denuncia que la entrada de grandes corporaciones pone en riesgo de quiebra a miles de farmacias independientes comunitarias.

Además, recuerdan que la salud es una competencia no delegada por las provincias a la Nación. Jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires cuentan con normativa propia, como la Ley 10.606, que prohíbe la venta de remedios fuera de las farmacias, por lo que las entidades planean acudir a la justicia provincial mediante recursos de amparo.