La economía paralela ya no es un dato marginal en la Argentina. Según un estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), el comercio ilícito representa actualmente cerca del 5% del Producto Bruto Interno, lo que equivale a unos 32.000 millones de dólares anuales, y todo indica que la tendencia seguirá profundizándose hacia 2028.

El informe, que analizó cinco países de la región, identifica en Argentina un combo perfecto que alimenta el mercado negro: inflación crónica (con picos del 211% en 2023), elevada presión tributaria que encarece productos legales -como el tabaco, cuyo precio final puede incluir hasta un 80% de impuestos-, y una informalidad laboral que alcanza al 46,5% de los trabajadores.

A eso se suman debilidades institucionales: el país ocupa el puesto 94 de 125 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad y apenas el 8% de los ciudadanos confía en el Poder Judicial.

El estudio pone el foco en los bienes de consumo masivo como los más golpeados por la falsificación. Alimentos, bebidas, tabaco y vestimenta lideran el ranking, seguidos por cosméticos, medicamentos, juguetes y autopartes. El tabaco, en particular, destaca por el fuerte diferencial de precios con países vecinos como Paraguay y Bolivia, que convierte al contrabando en un negocio altamente rentable.

Matías Notiger, Presidente de ASIPI, advirtió que la falsificación no es solo un problema de propiedad intelectual, sino que afecta la inversión, el empleo formal, la innovación y la salud de los consumidores. También apuntó contra la naturalización social del consumo ilegal, “es un robo que la gente hace de forma socialmente aceptada”, sentenció.

El panorama regional muestra que el problema no es exclusivo de Argentina. En Brasil, el comercio ilícito representa el 4% del PBI (más de 85.000 millones de dólares), mientras que en México la cifra asciende al 8,8% y podría trepar al 13,7% en 2028. En todos los casos, la digitalización sin control, la debilidad judicial y la desigualdad social actúan como aceleradores del fenómeno.

Frente a este escenario, el estudio concluye que la respuesta debe ser integral: fortalecer los controles aduaneros, mejorar la trazabilidad de productos, y garantizar sanciones efectivas, con una coordinación estrecha entre el sector público, el privado y la Justicia. De lo contrario, advierten, el comercio ilícito seguirá ganando terreno en la economía argentina.