La propuesta de las empresas de extender los plazos de pagos más allá de los 84 meses que fija el sistema y, en ese período, prorratear parte del incremento registrado en los últimos meses no conforma a la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Tampoco que se le ofrezca facilidades para reincorporarse al sistema a los suscriptores que dejaron de pagar por ese motivo. Desde esa dependencia les comunicaron a las terminales que la salida a este conflicto tiene que pasar por una rebaja de las cuotas para que estén acorde a los bolsillos de los compradores de 0km. “Lo que quiere el Gobierno es que haya bonificaciones a las cuotas”, señaló una fuente oficial.

En Comercio Interior buscan que los pagos mensuales que realizan los suscriptores guarden relación con los valores que se consiguen los 0km en el mercado, con rebajas de más de 20% según los modelos, y no en base a los precios de lista sin incentivos. Este es el centro del conflicto. Con las sucesivas devaluaciones que empezaron en abril del 2018, los 0km aumentaron más de 200% según los valores oficiales. Sin embargo, para sostener la demanda, las terminales y concesionarias ofrecen descuentos por pago al contado. El problema es que las cuotas de los planes se rigen por la lista oficial que se van ajustando al ritmo de la suba del dólar. Esto provocó que cientos de suscriptores reclamaran ante la justicia por este trato discriminatorio lo que motivo que se dictaran varias cautelares para frenar la suba de las cuotas. Hay que tener en cuenta que más de 25% de las ventas de 0km se hacen mediante planes de ahorro.

En las automotrices aseguran que el pedido de llevar las cuotas a los niveles de las bonificaciones es difícil de implementar debido a que esos descuentos no son fijos, cambian todos los meses e, incluso, dentro de un mismo mes se aplican distintos incentivos para cumplir objetivos de ventas. Además, advierten que una intervención de este tipo del Estado en contratos entre privados podría llevar a la quiebra al sistema.

En el Gobierno no especificaron cómo tienen que ser las bonificaciones de las cuotas, más allá de estas cuestiones operativas que plantean las terminales, pero reclaman que haya algún tipo de rebaja en las cuotas.

Las empresas esperan llegar a un acuerdo de “buena voluntad” antes que la solución llegue desde la Justicia pero están advertidas de que no les será fácil desde el momento en que en la Ley de Emergencia Económica se incluyó en un artículo la necesidad de estudiar una solución a este problema. Desde la lectura política, eso significó que este tema pasó a ser una cuestión de estado, teniendo en cuenta que afecta a miles de personas. Trascendió que el Gobierno quiere tener una solución para que pueda ser anunciada por el presidente Alberto Fernández, durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Español y los representantes de los fabricantes y de las empresas administradoras del sistema se reunieron a finales de enero para comenzar a analizar el tema. En ese encuentro, tal como adelantó Ámbito, los funcionarios le pidieron a las compañías que elaboraran una propuesta para atenuar el impacto de este incremento.

Asimismo, se estableció que se volverían a reunir, de manera oficial, para evaluar esa propuesta. Si bien todavía no hay fijada una fecha específica para ese encuentro, desde entonces se vienen manteniendo contactos permanentes para avanzar en medidas concretas.

En la Asociación que agrupa a las terminales (ADEFA) y en la Cámara de Ahorro Previo Automotor (CAPA) están evaluando las alternativas mencionadas. En los próximos días se volverán a reunir para llegar a un acuerdo definitivo.