La empresa europea, que se encargó de relevar los datos geológicos de la plataforma marítima de Uruguay, se encuentra ahora trabajando en el Mar Argentino. 
CGG resultó la ganadora del concurso internacional N° Petr 02/2014 de Enarsa, lanzado a mediados del año pasado. La licitación contempla la contratación de un estudio sísmico en tres dimensiones (3D) por 1312 kilómetros cuadrados (Km2) en el bloque Calamar, en la cuenca Malvinas; ubicada, en rigor, al norte de las islas homónimas. Desde Enarsa no realizaron comentarios sobre el tema, pero se estima que la inversión comprometida en el proyecto ronda los US$ 30 millones.
“Enarsa obtuvo buenas ofertas por la caída del precio internacional del crudo, que provocó una baja de la actividad offshore a nivel mundial y por consiguiente, una mayor disponibilidad de buques preparados para realizar prospección sísmica”, comentó un empresario al tanto de la iniciativa.
Los trabajos se extenderán por 40 días y estarán a cargo del buque Ocean Champion, según un comunicado oficial de Enarsa.
El proyecto Calamar fue perforado en los ’90 por la norteamericana ExxonMobil, la mayor petrolera privada del planeta. Se colocaron, en total, cerca de 20 pozos en un área a más de 25 kilómetros de la costa. Sólo uno fue descubridor de petróleo de la formación Springfiled, pero en cantidades que no justificaban su explotación comercial.
La concesión fue posteriormente revertida al Estado nacional y heredada en 2004 por Enarsa, que por mandato de su ley de creación (N° 25.493) pasó a controlar todos los bloques de exploración offshore, entre ellos los involucrados en el proyecto Calamar. Enarsa es presidida por Walter Fagyas, hombre de confianza de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.
Sin embargo, hoy la situación es otra. El artículo 30 de la Ley 27.007 –la nueva Ley de Hidrocarburos, sancionada en octubre del año pasado- ordenó a Enarsa a revertir los permisos y concesiones de explotación en el mar a la órbita de la Secretaría de Energía, controlada por Mariana Matranga, que en los hechos responde al ministro de Economía, Axel Kicillof.
Esa norma autoriza “al Poder Ejecutivo nacional a negociar de mutuo acuerdo, en un plazo de seis meses, con los titulares de contratos de asociación que hayan sido suscriptos con Enarsa en el marco de la ley 25.943, la reconversión de dichos contratos asociativos a permisos de exploración o concesiones de explotación de la ley 17.319 y sus modificatorias, según corresponda”. Para conocer el alcance de la medida resta conocer la reglamentación de la Ley 27.007, en la que están trabajando técnicos de Energía.