El Juez Sergio Pepe, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Ushuaia, ordenó un procedimiento judicial para garantizar el ingreso del personal de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Tierra del Fuego al puerto de Ushuaia, actualmente intervenido por el Gobierno nacional.

La medida fue librada a pedido de la Fiscalía de Estado provincial, luego de que se registraran cuatro bloqueos atribuidos a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que lleva adelante la intervención de la terminal portuaria. Según lo informado, estas situaciones habrían impedido que los inspectores ambientales ingresaran para realizar las auditorías correspondientes.

El objetivo de la orden judicial es que la Prefectura Naval Argentina permita el acceso de los agentes provinciales y garantice el desarrollo de las tareas de fiscalización ambiental dentro de las instalaciones portuarias.

Controles sobre residuos peligrosos

El puerto de Ushuaia está categorizado como Generador de Residuos Peligrosos de Categoría I, por lo que las autoridades ambientales deben verificar las condiciones de almacenamiento, el manejo y la trazabilidad de estos materiales.

Las inspecciones también buscan detectar posibles derrames, evaluar eventuales riesgos de contaminación y revisar las obras que puedan tener contacto con el agua, además de las condiciones de los sistemas de drenaje pluvial.

Otro aspecto que deberá ser revisado es la situación de los residuos mencionados en un informe de 2025, cuyo retiro debía concretarse en enero de 2026. La inspección permitirá verificar qué ocurrió con esos materiales y determinar si se cumplieron las medidas previstas.

Qué sectores serán inspeccionados

La orden judicial contempla el ingreso a distintos espacios de la terminal portuaria. Entre ellos se encuentran el Muelle Comercial, el Muelle de Catamaranes, la Plazoleta Fiscal, el sector de relleno y el Taller Mecánico.

También serán inspeccionadas las áreas vinculadas con los recursos hídricos, las obras e infraestructuras y los sistemas de drenaje pluvial.

De esta manera, el procedimiento dispuesto por el Juez Pepe busca destrabar las dificultades de acceso denunciadas por la provincia y permitir que los inspectores de la Secretaría de Ambiente realicen las verificaciones necesarias.

El resultado de las auditorías permitirá conocer el estado de las instalaciones en materia ambiental, comprobar el manejo de los residuos peligrosos, y establecer si existen situaciones que requieran medidas correctivas o nuevas actuaciones administrativas.