Se recuerda que este Laboratorio fue creado por la ex Gobernadora Rosana Bertone, quien ordenó que el Doctor Carlos López sea su Presidente. En un primer momento se informó que iba a generar varios medicamentos, pero a medida que pasaba el tiempo se confirmaba el gasto de millones de pesos para su funcionamiento y los resultados esperados nunca llegaron.

A comienzos del pasado mes de marzo, el actual Gobernador, Gustavo Melella, había adelantado que podría haber denuncias por irregularidades en el Laboratorio del Fin del Mundo, diciendo que, “si hubo irregularidades, se van a realizar las denuncias pertinentes”.

En ese momento el Gobierno nombró al nuevo Directorio en el cuestionado organismo.

Ahora, Hugo Sebastián Pani, en su carácter de Vocal de Auditoría del Tribunal de Cuentas denunció a las siguientes personas:

* Guillermo Adrián Ruckauf, en su carácter de ex Ministro de Salud y representante del Poder Ejecutivo en la Asamblea de Accionistas del Laboratorio del Fin del Mundo.

* Miguel Ángel Caro, en su carácter de representante del Banco Tierra del Fuego en la Asamblea de Accionistas del Laboratorio del Fin del Mundo.

* Carlos Alberto López, en su carácter de Presidente del Directorio del Laboratorio del Fin del Mundo.

* María Clara López Ríos, en su carácter de Vicepresidente del Directorio del Laboratorio del Fin del Mundo.

* Santiago Miguel Villa, en su carácter de Director Titular del Directorio del Laboratorio del Fin del Mundo.

* Nicolás Pablo Graffigna, en su carácter de integrante de la Comisión Fiscalizadora del Laboratorio del Fin del Mundo.

* Nora Lía Leiva, en su carácter de integrante de la Comisión Fiscalizadora del Laboratorio del Fin del Mundo.

* Salvador Parodi, en su carácter de integrante de la Comisión Fiscalizadora del Laboratorio del Fin del Mundo.

La denuncia que se radicó en un Juzgado de Instrucción de Ushuaia radica en los siguientes hechos:

1.- Una operación de compraventa de medicamentos, en la que los integrantes del directorio dieron información falsa a los accionistas, provocando al patrimonio provincial la pérdida de $43.410.195.

2.- Pagos irregulares (contrarios a la ley, al estatuto y a lo resuelto en la Asamblea de Accionistas) de múltiples remuneraciones a los integrantes del directorio, dispuestas por ellos mismos, al Presidente, Carlos Alberto López, por $3.224.115; a la Vicepresidenta, María Clara López Ríos por $1.082.016; y al Director titular Santiago Miguel Villa por la suma de $1.252.016.

3.- a) Pagos realizados por contrataciones múltiples por el mismo objeto y sin norma habilitante: Ignacio Andrés Mitidiero: $25.000; Estudio Jurídico BIANCHI, GALARCE & CASTRO VIDELA: $100.000; Julio Pablo Comadira: $100.000.

b) Pagos realizados por contrataciones sin que se haya recibido ninguna contraprestación y sin norma habilitante, en los siguientes casos: Pablo Tomás Lamas $640.000; Horacio Luis Mora: $40.000; Lisandro Alfredo Frau: $37.250; Araceli Johana Beisel: $212.500; Matías Hernán Pérez Iglesias: $240.000; Sergio Abel Faure: $640.000 y Néstor Rodolfo Bahntje: $30.000.

4.- Pagos indebidos realizados en el marco de las relaciones laborales a personas residentes en extraña Jurisdicción, en la que no hay ni actividades ni filiales del Laboratorio del Fin del Mundo, y sin que se haya recibido contraprestación alguna, por un monto de $1.149.397 en el caso de Joaquín López Faure; y de $1.908.431 en el caso de Pablo Tomás Lamas.

5.- Pagos a integrantes de la comisión fiscalizadora que no estaban en condiciones de integrarla por la suma de $264.000.

6.- Disposición de fondos de la empresa, otorgados a modo de subsidios por $20.000 entregados a Brenda González Vaini, y de $510.000 donados a la FUNDACIÓN HUÉSPED.

Por último, en la denuncia se señala textualmente que, “tales imputaciones recaen sobre los funcionarios mencionados, en calidad de agentes responsables en su carácter de integrantes de los órganos de gobierno, administración y control interno de la empresa estatal LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM tal como se indicó precedentemente, por lo que los estipendiarios que serían responsables de daños patrimoniales a la provincia por un total de $54.884.923, con más sus intereses, o la suma que en más o en menos surja de la compulsa de estas actuaciones”.