El dictamen sobre el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas se hace esperar. El oficialismo postergó para el próximo viernes la firma del despacho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados mientras analiza nuevas modificaciones, entre ellas la posibilidad de gravar a los no residentes por sus tenencias en el país.

Carlos Heller, titular de la comisión, anunció al inicio de la reunión de este lunes la decisión de posponer el dictamen y enumeró los cambios que tendría el texto del Poder Ejecutivo, después de leer un detallado informe enviado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar en el encuentro virtual.

Juntos por el Cambio volvió a rechazar el proyecto. Los Diputados del principal bloque de la oposición no solo reiteraron que la medida es inconstitucional y que desalentará inversiones, sino que también cuestionaron el destino que se le dará a lo recaudado -se prevé, entre otros fines, la financiación de proyectos de gas natural-.

Los cambios

Heller confirmó que, para alejar dudas acerca de la voluntariedad del aporte, se incluirá en el artículo primero del proyecto la palabra “obligatorio”. Pero además, se establecerá que el aporte regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.

“Para evitar un eventual desapoderamiento”, se aclarará que, “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.

El radical Luis Pastori celebró este cambio “porque la retroactividad era claramente inconstitucional”, aunque advirtió que, “más que una presunción (de la AFIP), sería una ficción legal”.

El aporte solidario tampoco gozará de las exenciones previstas en el impuesto a los Bienes Personales, que es el que se toma como base de cálculo. Es otro de los cambios que anunció Heller.

Pero lo que despertó más polémica es la posibilidad de captar a las personas no residentes que posean bienes en el país y que ejerzan su propiedad a partir de una persona jurídica. “Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las acciones o participaciones en el capital de sociedades (…) pertenecen de manera indirecta a personas humanas residentes en el exterior”, dice la propuesta de redacción.

Para esos casos, “ese sujeto deberá designar ante la AFIP un responsable por el ingreso del aporte, y en caso de no hacerlo, el encargado de la determinación e ingreso del aporte será la sociedad emisora de esas acciones o participaciones”.

Luciano Laspina (Pro) reprobó la propuesta. “En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país”, se quejó.

Por último, Heller confirmó que las personas con bienes declarados en el exterior que acepten repatriar el 30% quedarán exentas del diferencial del 50% que deberían pagar por esos bienes. Los fondos deberán permanecer “hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular o afectados a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo”.