La presente medida buscar dar respuesta a la limitante técnica y de seguridad eléctrica que se originó mediante la Resolución ENRE N° 544/2017 que estableció la necesidad de una DCI para garantizar el acceso al derecho de las personas usuarias electrodependientes con registro ante el RECs a contar con una FAE.

En este sentido, luego de articular conjuntamente con la Secretaría de Energía de la Nación, se impulsó una política activa en la materia para permitir la financiación de las obras de adecuación necesarias en los domicilios y dar solución al principal obstáculo para la puesta en funcionamiento de las FAE.

Es por ello que el ENRE pondrá a disposición de las personas usuarias electrodependientes un formulario para solicitar el financiamiento de las obras de adecuación de las instalaciones eléctricas domiciliarias estrictamente necesarias para llevar a cabo la conexión de la FAE en condiciones de seguridad eléctrica y brindar, de este modo, el acceso al suministro de energía eléctrica bajo las condiciones garantizadas por la Ley Nº 27.351 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Mediante la presente Resolución se estableció que las distribuidoras no podrán alegar la imposibilidad de cumplimiento y que todas las obras a realizarse en base a la misma tendrán seguimiento desde una mesa de Coordinación de Control y Aplicación, conformada por un representante del ENRE, un representante de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) y un representante de la distribuidora.

De esta manera la Intervención del ENRE continúa trabajando en garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso al servicio público de energía eléctrica para las personas usuarias electrodependientes, al tiempo que compromete el derecho a la salud y la vida misma de éste grupo de personas usuarias vulnerables.

Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad continuamos trabajando con el objetivo de propender a la normalización del sector y las tarifas con el objetivo de garantizar una normal prestación de los servicios públicos, garantizando los derechos de las personas usuarias y la seguridad ciudadana.