Un informe reciente del Comité Oleícola Internacional (COI) confirmó que tras la aparición del COVID-19, el consumo de aceite de oliva aumentó de manera significativa, principalmente en países no tradicionales como Estados Unidos, China, Japón, Australia, Rusia y Canadá. A nivel global, cada vez más gente descubrió el aceite de oliva y ante una mayor preocupación por la salud, muchos lo eligieron como parte de una dieta más sana.

Los últimos dos años fueron muy positivos. Los precios internacionales se elevaron y en nuestro país aumentaron la producción, el consumo y la exportación. Además el sector se vio favorecido por la eliminación de las retenciones, con lo cual el panorama cambió de manera rotunda.

Patricia Calderón, titular de la Federación Olivícola Argentina (FOA), aseguró que, “el sector venía muy golpeado. Como ocurre en todas las economías regionales, Argentina no es formador de precios. Hay un precio internacional y eso define si entrás o no al mercado. El problema nuestro es el costo-país, es decir, la cantidad de impuestos que le estamos poniendo al costo de producción”.

Calderón precisó que la mano de obra tiene un alto impacto en los costos, “no nos quejamos del salario, pero sí de las cargas sociales ya que si el precio internacional no es excepcional, terminamos vendiendo a pérdida”.

El sector olivícola es un gran empleador de mano de obra. Sólo en la provincia de La Rioja, que tiene una población económicamente activa de 250 mil personas, emplea a 15 mil trabajadores. Por eso desde la FOA piden analizar las políticas fiscales para que la actividad funcione. “Hoy el capital de trabajo se va en el pago de impuestos, de cargas sociales, y de ganancias que no existen. Requerimos previsibilidad en el corto y largo plazo, porque cuando nos iniciamos, partimos de un desierto, nivelamos, hacemos un pozo de agua y luego recién allí ponemos las plantas y comienza el proceso productivo. Por eso pedimos la prórroga del decreto 1042/20, que vence el 31/12/21 y establece parámetros sobre las cargas sociales”.

El olivo es una especie vecera, es decir que una abundante cosecha precede a otra con escasa floración. Mediante la poda se logran mejoras productivas pero es muy difícil mantener una cosecha pareja y eso genera problemas de previsibilidad ya que no se sabe cuánto se podrá comercializar a futuro.

Según Calderón, “durante la cuarentena creíamos que el consumo iba a caer pero ocurrió lo contrario. La gente que se volcó a cocinar porque estaba encerrada, privilegió el consumo de aceite de oliva y eso motivó una suba de precios. Con el inicio de 2021 el consumo cayó porque la clase media que se había incorporado el año pasado ya no pudo sostener su nivel de vida y la realidad es que los aceites y las aceitunas son fácil-mente reemplazables en la dieta”. Aún no hay datos oficiales pero se estima que en 2021 la demanda cayó significativamente.

Para la producción olivícola la exportación es determinante. A nivel país el 80% de las aceitunas y aceite de oliva generados se van al exterior a granel, principalmente Estados Unidos, Brasil y España.

“Para entrar en los mercados internacionales hay que ser muy competitivo, por eso vendemos a granel a las empresas de España o Italia que toman nuestro producto y lo venden con sus marcas”, afirmó Calderón.

Entre los problemas que atraviesa la actividad, el costo energético es el más importante. Julián Clusellas, empresario del rubro destacó que, “es necesario resolver el acceso al agua en las provincias que son electrodependientes”. Los sistemas de riego son grandes demandantes de electricidad, por eso desde las entidades productivas impulsan la creación de un Registro de Regantes Electrodependientes, para que se fije una tarifa que permita la reconversión de los sistemas actuales hacia el uso de energías renovables.

Como ocurre con todas las economías regionales, el reclamo de estabilidad fiscal está latente. La FOA -que forma parte del Consejo Agroindustrial Argentino- buscará además avanzar en un proyecto de ley que permita diseñar programas de desarrollo.