“En la actualidad, según la Ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional, en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.

En un fallo POLÍTICO alejado de la justicia, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, SIN FUNDAR el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires, facultad política del Congreso Nacional, más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.

Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. ESTO ES COMPLETAMENTE FALSO: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación, TAMBIÉN FACULTAD DEL CONGRESO NACIONAL, que vota cada ejercicio.

En síntesis, EN UN FALLO POLÍTICO, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al Jefe de Gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.

Ante ello, el Presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

Por su parte, los Gobernadores y Gobernadoras de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego AeIAS, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los Estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los Ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.

Desde nuestro espacio político, Compromiso Federal de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlánticos Sur, exigimos a nuestros representantes en las Cámaras de Diputados y Senadores, Intendentes Concejales, Legisladores y partidos políticos expresarse en función de defender los recursos que le corresponden a nuestros vecinos y vecinas.

Son estos momentos en que debemos estar todas y todos los fueguinos apoyando las gestiones de reclamo que lleva adelante el señor Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, que es el máximo representante político elegido democráticamente por nuestro pueblo.

Es el señor Gobernador el que necesita del compromiso sin especulaciones sectoriales y mezquinas como las que estamos viendo por un sector de la derecha fueguina que solo busca sacar ventaja electoral especulando de cara al 2023 sin importarle los recursos que dejará de percibir nuestra provincia para obras, salud educación y seguridad entre otros.

Es por ello que instamos a defender los recursos fueguinos que le corresponde a un país verdaderamente federal y no ceder frente al centralismo vergonzoso que toca la puerta de la Corte Suprema de Justicia, cuyos algunos miembros entraron literalmente “por la ventana” y por decreto.

Sin justicia verdadera, es imposible una democracia sana y duradera, es imprescindible que nuestro Presidente comprenda que la deuda pendiente es “Erradicar los oscuros sótanos de la justicia”, desde donde impone el Lawfare instalado en Latinoamérica y que no escapa al pueblo argentino, que persigue a Cristina Fernández de Kirchner y que aún tiene presos políticos como Milagro Sala.

Un poder judicial devenido en partido político protector de la derecha y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen, nos coloca a las y los ciudadanos en situación de libertad condicional, no puede sostenerse de ese modo delineando los destinos políticos del país como si fueran dictadores”.

Moisés Solórza. Presidente Compromiso Federal Tierra del Fuego.