Con ponderaciones propias de quienes se han beneficiado por siglos con la piratería y el saqueo a otros países, el diario gallego Faro de Vigo, relata con miserable optimismo las bonanzas que le trae a España la sociedad con empresas de la colonia británica que usurpa las Islas Malvinas, y para ellos le tiende un florido relato de fondo: “La pesquería de calamar Loligo de aguas de Malvinas (Falklands) pasa por ser una de los mejores ejemplos de gestión pesquera del mundo, en la que colaboran el Gobierno y la propia flota”. Y aunque no lo especifiquen, bien vale decir desde este lado del charco, que el monumental afano goza del silencio cómplice de los gobernantes y de la Cancillería Argentina, los cuales, antes de oponerse y avanzar con sanciones comerciales e impositivas frente al inocultable despojo de recursos soberanos, se arrastran para que los españoles desembarquen en el diezmado país con nuevas y usurarias inversiones, que se traducen en el envío permanente de faraónicas transferencias, a sus centrales de origen.

El medio ibérico enumera el despojo a la Argentina y justifica las razones que llevaron a los Kelpers a aplicar un alza en el precio anual de las licencias del 12%, que en plata constante y sonante significará un desembolso de 13,4 millones de euros al cambio actual: 1) “rara vez” extraigan por temporadas (dos por año) “menos de 40.000 toneladas”; 2) ello se viene consolidando “desde 2017”; 3) el calamar que se llevan “nutre principalmente el mercado europeo”; 4) el año pasado “el calamar Loligo malvino alcanzó un valor de 365 millones de euros”, precio al mercado mayorista, porque en el minorista superó los 1.100 millones de esa moneda; 5) que se trató de “la mayor cifra registrada desde al menos 2014, tras la segunda cantidad de capturas más alta, de 101.158 toneladas”, esto último, contrastado con las 109.000 toneladas extraídas en 1989.

Los 13.400.000 de euros que gustosos pagaran las pesqueras gallegas a la colonia británica que usurpa Malvinas, representan 5.154.600.000 de pesos argentinos. Ello significa, comparativamente, el 50% de los fondos que prevé el presupuesto de Tierra del Fuego en materia de obras públicas para todo 2023, o también, el 100% de las inversiones en obras que realizará el Estado Nacional, en la ciudad cordobesa de Villa María.