La Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación, presidida por el Auditor General Francisco Javier Fernández, realizó una auditoría financiera y de cumplimiento gubernamental que refiere al Capitulo Deuda Publica de la Cuenta Inversión en el ejercicio 2018. La Auditoría tuvo como objeto evaluar el estado de la deuda pública incluida en los Estados Contables de la rendición anual de cuentas de la Nación al 31 de diciembre del año 2018, considerando los movimientos y registros realizados.

El informe fue aprobado por mayoría, en el marco del cual se señaló que a fines del año 2018 la Deuda Publica ascendió a 332.192 millones de dólares y pasó a representar el 85,2 por ciento del PIB, en comparación al año anterior que fue de 320.935 millones de dólares equivalente al 56,5 por ciento del PIB. En términos de PIB el peso de la deuda publica aumentó en casi 30 puntos del producto y la emisión neta de deuda en 2018 ascendió a 55.940 millones de dólares.

También se observó que, en enero de 2018, y de manera previa al cierre de mercados voluntarios de deuda a la Argentina, el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo decidió emitir y colocar títulos públicos en Nueva York por un total de 9000 millones de dólares. Una cifra inusitada de emisión.

La AGN explica que luego de la megacolocación de deuda en el exterior y la importante emisión de letras de corto plazo en el mercado local, generó un stress financiero importante para Argentina y fue la razón por la cual los mercados voluntarios de deuda se declaran cerrados para el país sumado a la pequeña suba de tasa de interés internacional. Es en ese contexto es que se acude al Fondo Monetario Internacional y se acuerda un préstamo stand by por 56.700 millones de dólares.

Señaló la operación como extraordinaria, debido al volumen de lo solicitado y también a que Argentina nunca había accedido a semejante endeudamiento con el FMI. En términos históricos, los años con mayor monto de acceso a deuda con el organismo son justamente los años 2000 y 2001 (Megacanje) con 8000 millones de dólares y luego en el 2018 (stand by) con 56.700 millones de dólares, explicó el auditor.

Como conclusión del informe de auditoría, el equipo opinó que, en relación a la registración y validación del saldo de deuda contenido en el dictamen es favorable con salvedades debido a los avales con atrasos confirmados, avales que exceden el monto autorizado, inconsistencia en Intereses de la deuda impagos e inconsistencia en la exposición de la deuda en los Estados Contables.

Además, la deuda no presentada al canje, pendiente de reestructuración, los intereses de la deuda con atrasos, la incertidumbre en la valuación final de avales, el registro de los litigios contra el estado nacional y las contingencias identificadas. Se señaló que no se detectó normativa que acredite la modificación presupuestaria por 499.758 millones de pesos (correspondientes a dos desembolsos del endeudamiento con el FMI).

En relación al cumplimiento de las normas y gestión financiera de los fondos presupuestarios, basada en la magnitud de los desvíos de cumplimiento normativo y la significatividad de la operatoria vinculada a estos desvíos, la opinión fue adversa. El 20 por ciento de la emisión de deuda directa en ese año fue autorizada por Decreto de Necesidad y Urgencia. El préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional no cumple con el criterio establecido de proceso de negociación y ejecución (normativa vigente). La utilización de mecanismos alternativos de emisión de deuda (DNU), el incumplimiento de los procedimientos normados para la contratación de la deuda con el FMI y la emisión de deuda sin contar con cupo determinado por ley al momento de la emisión.

Luego se resaltó la falta de procedimientos formales para la colocación de deuda en los mercados internacionales de capitales, la falta de normativa para el seguimiento de avales, fianzas y garantías, la ausencia de estrategia para validar el endeudamiento del periodo auditado y la persistencia de la observación de ejercicios anteriores respecto del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.