Merced al pedido que hizo el Fiscal Federal, Marcelo Rapoport, al intervenir en la denuncia realizada contra la gerencia de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, la Jueza Federal Mariel Borruto resolvió, el pasado lunes, declarar su incompetencia en la causa y girar la misma al Juzgado de Instrucción Penal en turno.

Según lo adelantó la Abogada que patrocina la denuncia, Adriana Varisco, es posible que presenten un escrito para insistir en que el caso quede bajo la competencia federal, para lo cual presentarían un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en Comodoro Rivadavia.

Cabe señalar que el pasado 17 de junio, la Abogada Varisco, en representación de un ex empleado de la institución, patrocinó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Federal, contra la gerencia de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

La denuncia apunta al Gerente, Santiago Barrientos; al Subgerente, Segundo Santana, y al Contador Ezequiel Proc, a quienes se les imputan delitos tales como defraudación, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes del funcionario.

El 19 de junio, en el Juzgado Federal a cargo de Borruto, ingreso el escrito elaborado por el Fiscal Marcelo Rapoport, quien resolvió que ese Tribunal no tenía que intervenir, porque los delitos denunciados no son de su competencia y, que por lo tanto, la causa debía tramitarse en los tribunales de jurisdicción provincial.

Este lunes, 23 de junio, la Jueza Mariel Borruto resolvió declararse incompetente, por lo que no intervendrá en la investigación de los hechos denunciados. A través de un comunicado oficial del Juzgado Federal, se explicó que, “dado que los hechos denunciados no constituyen delitos que puedan ser investigados en el juzgado federal, su trámite deberá continuar ante los tribunales provinciales”.

El comunicado enumera cuatro puntos sobre los cuales se fundamentan la resolución en la que declara su incompetencia:

1. Los hechos denunciados no afectan directamente intereses federales ni hacen a la competencia de los organismos de control nacionales vinculados con la gestión del servicio público de energía eléctrica.

2. El organismo en el que se desempeñan los denunciados tiene carácter local y su constitución, manejo y control son ajenos al ámbito federal.

3. Las personas denunciadas pertenecen a una entidad que representa intereses de la ciudadanía de Río Grande en virtud del servicio público que brindan en esa localidad.

4. Incluso en el hipotético caso de que el organismo al que pertenecen las personas denunciadas hubiese recibido dinero del Tesoro Nacional (lo que deberá investigarse si sucedió), los intereses comprometidos son directamente locales, pues afectan a esa entidad y a su patrimonio.

En el comunicado se aclara que no existe en el Juzgado Federal de Río Grande, ningún procedimiento de intervención judicial sobre la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande.