Así se lo confirmaron altas fuentes oficiales, que precisaron que la medida se hará oficial en las próximas horas. No obstante, referentes de los principales bloques parlamentarios, incluido Cambiemos, ya fueron notificados por el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien desembarcó en el Congreso ante el riesgo que advirtió el Gobierno de que la medida emitida el viernes pasado por el Secretario de Energía, Javier Iguacel, empantanara la discusión por el Presupuesto 2019.

En la reunión, de la que participaron el titular provisional del Senado, Federico Pinedo, el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Alta, Luis Naidenoff; Frigerio les notificó a los legisladores de la oposición que la decisión del Gobierno es que las empresas absorban una parte del costo y que del resto se hará cargo el Estado, en cuotas hasta 2021, por lo que tampoco se verían afectadas las previsiones presupuestarias y el déficit cero para 2019 que el macrismo había pactado con el Fondo Monetario Internacional.

Voces de Cambiemos salieron a ratificar públicamente la decisión de Macri: "Se dejará sin efecto la resolución 20/2018 que establecía la compensación y el pago adicional en la tarifa de gas", escribió el Senador mendocino Julio Cobos en su cuenta de Twitter.

En Diputados, la oposición había unido fuerzas para convocar a una sesión especial para el jueves 18, con el objetivo de derogar la resolución de Iguacel, amparada en la ley 24.076 sancionada en 1992, que habilita "al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a instruir a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019". Se trata, estiman en el Gobierno, de unos 10 mil millones de pesos, más intereses. Según había adelantado el secretario, sería un promedio de entre 90 y 100 pesos por mes durante dos años.

Al defender su medida, Iguacel indicó que se había decidido disponer la suba en 24 cuotas porque si no "en vez de 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%", y alertó que si se vuelve a la política de importar gas y al desabastecimiento que dejó el kirchnerismo, "el que pagó $3.000, pagaría $6.000 o $9.000", según de dónde se importe el gas.

Más allá de que en la mañana de este miércoles el Presidente había salido a defender la decisión del Gobierno al señalar que, "la energía cuesta y hay que pagarla", la rápida respuesta de la oposición que se abroqueló y llegó a amenazar incluso con dejar sin Presupuesto al Gobierno, forzó a la Rosada a buscar alternativas. Así, primero se analizó la propuesta que hizo llegar el radicalismo, cuyo costo para el Estado sería de unos 100 millones de dólares.

Confeccionada por un asesor de Mario Negri, jefe del interbloque en la Cámara de Diputados, el documento impulsado por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) contemplaba que el Estado subsidiara el 50% que debían abonar los usuarios.

Ante el enojo que advirtió en la cúpula de la UCR, por no haber sido alertada de la medida, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, habilitó a evaluar una salida consensuada con esta propuesta como referencia. Algo de eso había ya deslizado Frigerio el martes a la noche, cuando en diálogo con el programa La Lupa, dijo que el Gobierno estaba "dispuesto a tratar de encontrarle una solución al aumento" y que "hay tiempo porque la medida entra en vigencia el 1 de enero".  Así fue que desde Asia se puso a trabajar el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al propio Iguacel, su subordinado rebelde que había omitido avisarle que sacaría esa resolución (lleva sólo su firma) el viernes, justo en la previa a su viaje.

Con esta nueva marcha atrás, el Gobierno desactiva un nuevo foco de conflicto en el Congreso y ahora confía en aprobar el Presupuesto en Diputados tal como lo tenía previsto, con una sesión especial el 24 de octubre.