El proyecto plantea un esquema obligatorio de regularización de deudas de consumo, con condonación mínima del 50% de los intereses punitorios, planes de hasta 36 cuotas, y tasas de financiamiento equivalentes a la tasa pasiva promedio del mercado. Además, establece un plazo de gracia de 60 días para comenzar a pagar y la suspensión de embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en centrales de riesgo durante el cumplimiento de los acuerdos.

La propuesta de Freites incluye también la creación del Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo, que será administrado por el Ministerio de Economía y financiado con aportes de las entidades financieras, recursos del Presupuesto y transferencias del BCRA. Este fondo cubrirá garantías parciales a los bancos, reducirá tasas de interés para deudores de bajos ingresos y absorberá créditos incobrables.

“Este proyecto no busca premiar la irresponsabilidad, sino ofrecer un camino legal, ordenado y solidario para que los deudores puedan regularizar sus deudas sin usura ni castigo perpetuo”, argumentó Andrea Freites, quien subrayó que en su provincia la morosidad en tarjetas de crédito es todavía más elevada que la media nacional, debido al alto costo de vida y la estacionalidad laboral.

El texto fija además la obligación de los bancos de informar con claridad a los clientes sobre este régimen, asistirlos en la tramitación sin cargos extra y notificar al BCRA cada acuerdo alcanzado. Una vez cumplido el plan de pagos, los deudores podrán volver a acceder a productos financieros básicos y quedar excluidos de registros negativos.

Desde la oposición, Unión por la Patria busca instalar el tema del sobreendeudamiento de las familias en la agenda parlamentaria, en un momento en el que el Banco Central reporta que la irregularidad en créditos a familias lleva nueve meses consecutivos en alza, con un salto desde 5,1% en junio al 5,7% en julio. El fenómeno se da en un escenario de caída del poder adquisitivo, encarecimiento del crédito, y freno en los préstamos al sector privado.

Freites reclamó acompañamiento parlamentario a la iniciativa, al advertir que, “miles de hogares quedaron atrapados en un espiral financiero que los expulsa del crédito formal y los expone a la judicialización de sus deudas”, y subrayó, “estamos legislando para que quien quiera ponerse al día tenga el respaldo del Estado, en lugar de ser condenado de por vida por una deuda de consumo”.

Según el último informe del Banco Central (BCRA), la morosidad en créditos a familias trepó al 5,7% en julio, el nivel más alto desde que se inició la serie estadística en 2010.