El primero de los requerimientos solicita al Gobernador Alberto Weretilneck y a organismos provinciales como la Secretaría General, Energía y Ambiente, Minería, Boletín Oficial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, DPA y Secretaría de la Función Pública, que brinden información detallada sobre los ingresos a Casa de Gobierno, concesiones mineras, vínculos laborales y audiencias oficiales mantenidas con Federico “Fred” Machado y Claudio Ciccarelli. Machado es investigado por presuntos delitos de lavado de dinero y narcotráfico, se encuentra detenido con prisión domiciliaria en Viedma con pedido de extradición por parte de Estados Unidos, mientras que Ciccarelli, su primo y presunto testaferro, mantiene vínculos con dirigentes políticos rionegrinos y nacionales.

Entre los puntos más relevantes del pedido, los Legisladores exigen saber si Machado, Ciccarelli, o enviados que actuaron en su nombre, ingresaron a la Casa de Gobierno desde 2018 a la fecha, cuántas reuniones mantuvieron con el Gobernador Weretilneck o con Arabela Carreras, y qué funcionarios participaron de esas audiencias. También se pide a la Fiscalía de Estado que informe si, con posterioridad a esos encuentros, se produjeron desalojos en barrios populares del Alto Valle para allanar el camino a emprendimientos mineros o hidrocarburíferos vinculados a Machado o Ciccarelli.

Otro de los puntos solicita información precisa sobre el uso del aeropuerto Saint Exupéry de San Antonio Oeste, donde se presume que en 2019 aterrizó el avión privado de Fred Machado. Se requiere que el Ejecutivo detalle las fechas, los pasajeros a bordo, los funcionarios que recibieron la aeronave y si en esos vuelos figuraba Claudio Ciccarelli. También se pide identificar el tipo de avión, su matrícula y las rutas aéreas utilizadas dentro del territorio provincial.

El pedido de informes avanza además sobre las múltiples concesiones mineras gestionadas por Claudio Ciccarelli, quien habría sido empleado del Estado rionegrino y adscripto al bloque legislativo de Juntos Somos Río Negro mientras tramitaba permisos de explotación de arenas silíceas destinadas al fracking en Vaca Muerta. Entre ellas figuran la cantera “IF Claudio”, inscrita en la grilla 3966 en el área de General Roca, y los yacimientos “AILIN” y “UAN”, con registros de 2019 a 2022 en las zonas de El Cuy y General Roca. En 2023, Ciccarelli habría iniciado nuevos trámites sobre las canteras “La Finita RN” y “La Perla RH”, publicadas en el Boletín Oficial provincial. Los legisladores exigen conocer las resoluciones que autorizaron estas concesiones, los funcionarios intervinientes y las posibles incompatibilidades con la normativa vigente en materia de ética pública.

El segundo pedido de informes, dirigido al Juzgado Electoral de Río Negro, requiere información detallada sobre los aportes de campaña de los distintos partidos políticos, en especial aquellos vinculados a La Libertad Avanza y Juntos Somos Río Negro. Además, solicita la intervención de la Fiscalía de Estado para investigar la posible comisión de delitos de cohecho y lavado de activos relacionados con el financiamiento político.

Estas presentaciones se dan en un contexto donde se hicieron públicos los vínculos entre Claudio Ciccarelli, actual socio y primo de Federico Machado, y la candidata a Senadora de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. Según se conoció, Ciccarelli mantuvo relaciones laborales y políticas con el oficialismo rionegrino, mientras que las concesiones mineras que obtuvo fueron autorizadas durante la gestión de Andrea Confini, pareja del Gobernador Weretilneck, quien hasta hace un par de semanas ocupaba la Secretaría de Energía provincial y actualmente es candidata a Senadora por Juntos Somos Río Negro. Días atrás pasó a integrar el Directorio de YPF, en representación del lote de acciones del Gobierno nacional en esa empresa petrolera, lo que deja en evidencia un acuerdo político y económico entre Milei y Weretilneck.

“No se trata solo de un escándalo ético y político, sino de una posible red de corrupción y lavado de activos que compromete al Gobierno provincial y a candidatos nacionales. Queremos saber cuántas veces ingresaron a Casa de Gobierno quienes hoy están presos o investigados por delitos gravísimos, y quiénes se beneficiaron con esos vínculos”, expresó Odarda.

La legisladora advirtió además que la transparencia institucional y el control del financiamiento político son esenciales en un contexto donde el gobierno nacional de Javier Milei y su fuerza política aparecen salpicados por capitales vinculados al narcotráfico. “Río Negro no puede ser parte de ese entramado. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se investigue el dinero sucio que podría estar detrás de las campañas y de las concesiones otorgadas por el gobierno provincial”, sostuvo la parlamentaria.

Los pedidos de informes fueron acompañados por los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García, integrantes de los bloques Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro, adherentes al espacio Fuerza Patria.