Es que los montos mensuales que se pagan están atados al precio de los autos. Con los fuertes aumentos que hubo el año pasado, el precio de los vehículos se triplicó y muchos ingresaron en la morosidad.

A ello se suma que algunos deudores llegan a pagar más del doble que hace un año porque al alza del precio se sumó que su modelo fue discontinuado y el plan pasó a ajustarse por un vehículo de la misma gama pero más costoso.

Durante la jornada del lunes, los Legisladores Daniel Arroyo y Mónica Macha recibieron a un grupo de damnificados que busca una respuesta a través del dictado de una ley nacional luego de que no obtuvieran una solución satisfactoria -desde su punto de vista- por parte del Gobierno.

De acuerdo a Arroyo "la situación es catastrófica" y hay que "idear distintos planes para encontrar una solución al problema".  En lo inmediato los ahorristas quieren que se mantenga la cuota de marzo del año pasado (previo a la devaluación), una rebaja de los impuestos o algún tipo de  la revisión para lograr la razonabilidad del precio". La futura iniciativa parlamentaria se encaminaría a contemplar estas situaciones

"Está más allá de la usura porque el país se ha desacomodado, las variables se fueron al demonio y no se le puede pasar el fardo a quien quiere sacar un auto porque después termina rematándose o vendiéndose barato" indicó el diputado ante más de una veintena de damnificados.

Por su parte los ahorristas explican que buscan "un instrumento legal regulatorio, para modificar a las abusivas cláusulas" que tienen esos contratos.

"Acá tenemos organismos que regulan y controlan a estas empresas, que son Defensa del Consumidor e Inspección General de Justicia (IGJ), pero son carteras que están digitadas por el Ministerio de Producción de la Nación" que no les dio respuesta, aseguran.

La tasa de morosidad comenzó a incrementarse hace un año ya que los incrementos comenzaron a ser "desmedidos" ya que las cuotas empezaron a subir más de mil pesos por mes.

Por ese motivo, desde distintas defensorías del pueblo comenzaron a pedir a los bancos y a las empresas  automotrices que amplíen los plazos de cancelación de los planes y llevarlo por ejemplo de 84 a 96  cuotas en lugar de subir el canon mensual.

Hay que destacar que los planes de ahorro se derrumbaron un 56,9% durante el primer mes de 2019, indicó la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara).

Distorsión

Desde la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), aseguran que hay una "enorme distorsión discriminatoria" entre los precios de lista que están pagando los ahorristas frente a los precios con bonificaciones que día a día se observan en la calle.

"Sostenemos que no puede existir esta distinción y si las terminales automotrices realizan bonificaciones, estas deben aplicarse a los precios de los planes de ahorro", advirtieron a través de un comunicado.

Por otro lado, destacaron que la única empresa que ofreció un alivio a los ahorristas fue Fiat, que les comunicó la posibilidad de diferir las cuotas al final del plan.

En este nuevo panorama, para muchos de los ahorristas, la cuota representa el 50 por ciento de sus ingresos mensuales. Ante tal incremento, surge la duda sobre si ese ajuste se efectuó dentro de los límites legales. Para Protectora, otra entidad de defensa del consumidor, se excede claramente lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor.

"La capacidad de pago de un usuario que firmó un crédito por dos o tres años hoy no es la misma. Hay gente que tiene ingresos por 20 mil pesos y paga una cuota de 11 o 12 mil pesos. Por eso, no le queda margen para sus otros gastos diarios", asegura.

¿Qué pasa si los ahorristas dejan de pagar masivamente?

La asociación Usuarios y Consumidores Unidos explica que "esta situación está prevista en los contratos de ahorro y es conocida como liquidación anticipada de grupo. Al no existir la suficiente cantidad de dinero para efectuar la compra de una unidad en forma mensual, el grupo pierde la finalidad por la que fue constituido y por tanto debe liquidarse anticipadamente".

Esto significa que los ahorristas tienen derecho de recuperar su dinero sin necesidad de esperar la finalización del plan, como sucede en el común de los casos.

En el caso de las personas que ya tienen el auto en su poder, los adjudicados que dejen de pagar sufrirán la ejecución de la prenda que garantiza el pago del crédito. Desde UCU, aconsejan a este grupo acudir a un profesional para iniciar una demanda judicial individual.

El abogado puede pedir una medida cautelar que le permita al afectado seguir pagando una cuota razonable mientras se discute la legalidad de los aumentos dispuestos por las automotrices.