Alberto Fernández promulgó la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial
El Presidente anunció la promulgación de la ley en un acto junto al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La ley brinda un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y cáñamo industrial.
El acto tuvo lugar en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno y contó con la presencia del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Legisladoras que impulsaron la ley como Carolina Gaillard y Mara Brawer, del Frente de Todos, y referentes del sector, entre ellos representantes de Mamá Cultiva, como Valeria Salech.
“Hoy estamos acá poniendo en marcha una ley que ha sido resultado de un gran consenso y hoy me toca promulgarla y es un día de alegría”, continuó el mandatario.
Además, Alberto Fernández destacó la trascendencia del cannabis en el mundo en el que vivimos y agregó que, “para el 2024 el mercado internacional del cannabis va a representar un mercado internacional de 42.700 millones de dólares, con lo cual estamos dando un paso muy importante en términos industriales, farmacológicos y de salud".
Por su parte, Kulfas dijo que, “la ley da respuesta a una necesidad de muchos años, que tiene absolutamente probada las capacidades terapéuticas del cannabis, pero que además dará el marco adecuado para producir en escala, con calidad trazabilidad y generar desarrollo regional con presencia de la Argentina con pymes cooperativas y emprendedores".
El Ministro reiteró que, "se está fundando una nueva industria en la Argentina y este nuevo sector productivo podrá estar creando cerca de 10.000 puestos de trabajo de calidad, con presencia en investigación y desarrollo, y permitirá generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales".
A su turno, Salech manifestó el compromiso de "seguir trabajando para que sea una ley lo más reparatoria posible para aquellos colectivos que durante todos estos años, siglos, pusimos el cuerpo, el corazón y la cabeza por el bien común".
"La lucha por la libertad de la planta de cannabis la empezó el primer militante que fue Manuel Belgrano, en 1797 ya hablaba de la necesidad de producir Cannabis en la Argentina para producir riqueza. Desde 1797 hasta acá, creo que hay muchas personas muy valiosas que han sabido construir esta realidad que hoy estamos viviendo", destacó la fundadora de la ONG autogestiva.
Salech agradeció a funcionarios y funcionarias, diputados y diputadas que acompañaron la lucha y sostuvo que "la ley de Cannabis Medicinal nos enseñó que cuando se promulgan las leyes en realidad no se llega a la meta, es el punto de partida, es el kilómetro cero. Ahora nos toca trabajar un montón y vamos a estar siguiendo ese trabajo".
El pasado 5 de mayo, la Cámara de Diputados convirtió el ley el proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para el cannabis medicinal y cáñamo industrial, con 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones.
La iniciativa recibió el rechazo de parte de Juntos por el Cambio, la derecha liberal y miembros de otros interbloques.
La ley brinda un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementa la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
Además, contempla también la creación de una agencia reguladora, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de "maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos".
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