La medida, justificada bajo el argumento de “eliminar estructuras ineficientes”, en realidad desprotege a los consumidores y favorece la impunidad empresarial. Osvaldo Riopedre, Abogado de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), expuso en una entrevista la gravedad del problema. “Ahora el consumidor queda totalmente desprotegido. Antes, si una empresa incumplía, debía presentarse obligatoriamente a una instancia de conciliación. Ahora, si decide ignorar al usuario, simplemente no pasa nada”.

Justicia inaccesible para el ciudadano común

El CopreC funcionaba como una instancia previa y accesible para reclamos menores a 15 millones de pesos. Desde electrodomésticos defectuosos hasta cancelaciones de vuelos sin reembolso, el sistema permitía que los consumidores obtuvieran soluciones sin necesidad de enfrentar costosos y largos procesos judiciales. Ahora, la única alternativa es recurrir a la justicia, un camino inviable para la mayoría de los damnificados. “Nadie va a contratar un abogado ni esperar años por una heladera en garantía que no le quisieron cambiar”, explicó Riopedre.

Si bien el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires están intentando implementar sistemas similares, la decisión de Nación de desmantelar un organismo que ya funcionaba con eficiencia y resultados genera un caos innecesario. “Era un sistema que, sin ser perfecto, resolvía problemas cotidianos. Ahora, en muchos casos, no habrá solución posible”, alertó el Abogado.

Un sistema hecho a medida de las empresas

El CopreC tenía una ventaja clave: obligaba a las empresas a presentarse y responder por sus incumplimientos. Si no lo hacían, eran sancionadas con multas. La alternativa que ahora propone el Gobierno, el arbitraje en la Secretaría de Comercio, carece de obligatoriedad, lo que lo convierte en un mero saludo a la bandera. “Si la empresa no quiere asistir, no hay sanción, no hay consecuencia. El consumidor queda exactamente en el mismo punto de partida, sin ninguna protección”, denunció Riopedre.

El modelo libertario de Milei, que en teoría promueve la “libertad de mercado”, en la práctica solo libera a las empresas de sus responsabilidades. La eliminación de controles y la desregulación a ultranza no solo afectan la macroeconomía, sino que golpean de lleno a los ciudadanos de a pie, que ahora deben lidiar con un Estado ausente en la defensa de sus derechos.

Una sociedad condenada a la indefensión

Casos como la cancelación de vuelos sin reembolso, servicios deficientes sin compensación y productos defectuosos sin cambio serán moneda corriente en la Argentina de Milei. Con la eliminación del CopreC, el mensaje es claro: el consumidor queda a merced de las empresas.

Mientras que en otros países se fortalecen las regulaciones y mecanismos de protección al usuario, Argentina va en sentido contrario. «No digo que se resolvieran todos los problemas, pero sí se solucionaban muchos. Ahora, la única opción es resignarse o gastar tiempo y dinero en juicios que pocas veces valen la pena», concluyó Riopedre.

El desmantelamiento del CopreC es una muestra más del rumbo que ha tomado el gobierno: un modelo de país en el que los más fuertes tienen vía libre para abusar de los más débiles. El Estado, en lugar de equilibrar la balanza, decide correrse del camino y dejar que el mercado resuelva lo que solo se traduce en más injusticia y desprotección.